El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 19 de marzo la Ley General de la Comunicación, Audiovisual, con los votos en contra del PP y el PNV, entre críticas de los populares y las críticas de varios partidos de la izquierda parlamentaria.
El diputado del PP Miguel Ángel Cortés criticó sobre todo, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema), porque consideró que, además de resultar muy caro, podrá cerrar medios audiovisuales y esto sólo debe hacerlo un juez. “Es una ley antigua, obsoleta y un a auténtica amenaza a la libertad de expresión”, añadió.
Por el contrario, el diputado socialista Óscar López afirmó que con esta ley se culmina la reforma del sistema audiovisual español, “que ha tenido lugar durante los seis últimos años”. “Es un gran logro del Gobierno, y más en concreto de la vicepresidenta primera [María Teresa Fernández de la Vega], que se ha implicado personalmente”.
Frente a la crítica de los populares de que el Gobierno y el PSOE no han querido consensuar esta ley, afirmó que han mantenido multitud de reuniones con todos los sectores y colectivos implicados durante los cinco meses que ha durado su tramitación en el Parlamento.
Desde la izquierda, Gaspar Llamazares (IU-ICV) y Joan Ridao (ERC) afirmaron que la nueva ley sólo favorece a las productoras privadas de televisión. “Es una ley Berlusconi, poco plural y de extrema”, indicó Llamazares.
Diversos colectivos sociales también han criticado la ley, porque consideran insuficiente las limitaciones que establece a la publicidad de bebidas alcohólicas, entre otras razones. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) también se ha mostrado muy crítica, sobre todo porque considera que la nueva norma no configura las televisiones como un servicio público y ha cedido a las presiones de las empresas privadas.
Novedades
Entre las principales novedades de esta ley figura un tiempo máximo de publicidad, que será de 20 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (tres minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.
Otro de los temas que quedan regulados con esta ley es la protección a los menores. Así, la norma establece que los contenidos que puedan ser “perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual” y también excluye de este horario ciertos anuncios publicitarios, como el de algunas bebidas alcohólicas.
Asimismo, durante su paso por el Senado se incluyó una protección adicional, ya que se acordó que las televisiones utilicen una codificación digital especial en sus emisiones que permita a los padres ejercer un control parental sobre lo que ven sus hijos por la televisión.
Por otro lado, la ley establece unas ‘reglas de juego’ para el sector audiovisual que pretende dar seguridad jurídica a las empresas para poder actuar. En este sentido, la ley establece un régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias audiovisuales, y se recoge como un derecho de los operadores lanzar canales de pago, limitándolo a un 50% de los canales concedidos a cada licencia.
Fuente: elmundo.es
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