El 17 de julio, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha publicado un informe desfavorable sobre el nuevo modelo de financiación para la televisión pública. Por tanto, el gobierno se encuentra con un nuevo escollo, que se suma a otros vetos de Bruselas. Aunque, ayer, la Comisión Europea dio un paso hacia la aprobación del nuevo sistema.
Simplificando mucho, la idea -acordada en septiembre de 2009- consiste en que la televisión pública dejaría de emitir publicidad y, a cambio, se financiaría con una tasa que pagarían las empresas de telecomunicaciones y las otras cadenas privadas ( el 0,9% y el 3% de sus ingresos respectivamente. En el caso de las cadenas de pago, el 1,5%. Hacemos notar que se trata de un porcentaje sobre los ingresos; no sobre otras magnitudes, como por ejemplo, los beneficios).
El argumento para aplicar esta tasa es que los espacios publicitarios de las cadenas privadas se cotizarán a un precio más alto, al retirarse de este negocio la televisión pública (RTVE también renuncia a los espacios de televentas y al sistema de pago por visión). El beneficio parece evidente a las productoras de contenidos, pero no se ve claramente en qué lucra a las empresas de Telecomunicaciones. Bruselas –la Comisión Europea- expedientó a España por este motivo en marzo pasado.
La medida suscita dudas desde el punto de vista de la competencia porque las televisiones de ámbito territorial (que solo emiten para una región, no para toda España) no pagarían esta tasa. Por lo que esto pasaría a considerarse competencia desleal con las cadenas de cobertura nacional. La exención intentaba ayudar a las pequeñas empresas locales. Si embargo, tendrán que buscarse otros sistemas para beneficiar a estas industrias. Quizás, que paguen algo aunque sea menos que las grandes. Puede que así se alcance el visto bueno de la CNC. Ya, veremos cómo se desarrolla este asunto. El informe de La Comisión Nacional de la Competencia no es vinculante. Y se somete al Tratado de Derecho de la Competencia de la Unión Europea.
El 20 de Julio, la Comisión Europea ha aprobado el nuevo sistema de financiación para la cadena pública. Es decir, considera que la tasa no es una compensación excesiva a RTVE a cambio de los beneficios que perdería al renunciar a la publicidad. A su vez, considera que se trata de una aportación compatible con las leyes sobre ayudas de los estados a las empresas. Un punto determinante para aceptar este tipo de financiación es el objetivo de servicio público que se marca para el ente público.
En definitiva, se ha aclarado que sí se puede cobrar un impuesto o tasa. Ahora, queda -entre otras cosas- que la Comisión decida si son legales los impuestos que el gobierno español quiere cobrar. De momento, las empresas de telecomunicaciones son las que tienen más argumentos para defenderse y las televisiones territoriales no pueden competir con ventaja. Nos da la impresión de que España actuará siguiendo los dictados de Bruselas y el ejemplo de Francia, que también está inmersa en esta tarea.
Como telespectadores, nos gustaría que la televisión pública tuviera el objetivo de servicio público como una de sus prioridades irrenunciables. Y, entendemos que esto es compatible con una gestión eficaz que no cueste al consumidor y a la empresa privada una cantidad de recursos económicos tan ingente. Pedro Seco Varón.
Casi un tercio (28%) del dinero que se destina a producción de películas en Europa procede de las televisiones, según un informe sobre financiación del cine que hizo público el Observatorio Audiovisual Europeo. 
